La derogación de la Ley de Tierras, impulsada por el presidente Javier Milei a través del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, ha sido declarada inconstitucional por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata. Esta decisión, tomada el día de hoy, supone un importante revés para la administración actual y conlleva la reinstauración de la Ley 26.737, la cual será inscrita nuevamente en el Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Apelación por la Ley de Tierras del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas
La apelación que desencadenó esta resolución fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), argumentando que la derogación de la ley amenazaba los principios fundamentales de la integridad territorial y la soberanía nacional.
El Cecim sostuvo que la medida de Milei podría conducir a la extranjerización de las tierras, promoviendo dinámicas latifundistas que afectarían la disponibilidad del suelo argentino y los recursos hídricos.
El proceso judicial sobre la derogación de la Ley de Tierras ha sido complejo. Inicialmente, el juez Ernesto Kreplak dictaminó una medida cautelar suspendiendo la derogación. Sin embargo, esta decisión fue luego rechazada por el titular del Juzgado Federal 4 de La Plata, Alberto Recondo, argumentando falta de legitimación por parte del Cecim para llevar a cabo la demanda.
Tras apelaciones sucesivas, la Cámara Federal de La Plata ha revocado esta decisión, reconociendo la legitimidad de la asociación de ex combatientes y admitiendo el amparo colectivo.
La Importancia de la Ley de Tierras
La Ley de Tierras, derogada por el DNU, tiene como objetivo regular la titularidad y posesión de las tierras rurales, estableciendo límites para la propiedad extranjera. Esta medida, aprobada en 2011, limita la cantidad de tierras en manos de extranjeros al 15%, con un máximo del 30% para un mismo titular y no más de 1000 hectáreas en zonas agrícolas nucleares o equivalentes.
Además, la ley prohíbe la venta de tierras a extranjeros que sean ribereñas de cuerpos de agua importantes o ubicadas en zonas de seguridad fronteriza, requiriendo autorización estatal para tales transacciones y estableciendo un Registro de Tierras para su control.
La reinstauración de esta ley es vista como un paso crucial para proteger la soberanía territorial y garantizar la gestión equitativa de los recursos naturales del país.