La corrupción en Argentina ha sido un tema recurrente en las últimas décadas, especialmente durante las gestiones de los expresidentes Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Según el economista e investigador del CONICET Ariel Coremberg, el costo de lo que denomina «corrupción K» asciende a cifras alarmantes, alcanzando los u$s 36.000 millones. Este análisis, basado en causas judiciales y declaraciones de exfuncionarios, pone en evidencia el impacto económico y social de estos actos ilícitos.
Ariel Coremberg explicó en una entrevista que el cálculo se basa en los datos obtenidos de causas judiciales clave, como el caso de los «cuadernos de la corrupción». Según el economista, los sobornos representaron un porcentaje significativo del total de la inversión pública y los subsidios durante las gestiones kirchneristas.
- Inversión en obras públicas: Se estimó un 10% de coimas sobre el monto total.
- Subsidios de energía y transporte: Se aplicó un margen del 5%.
- Otros casos no contabilizados: Coremberg mencionó que el cálculo no incluye las irregularidades asociadas a entidades como La Cámpora o las licencias de importación gestionadas por la Secretaría de Comercio.
A pesar de la precisión de su análisis, el investigador subrayó que sus estimaciones fueron consideradas conservadoras incluso por sectores opositores. Esto sugiere que el monto real podría ser aún mayor.
El impacto macroeconómico de la corrupción
La pérdida de u$s 36.000 millones no solo representa un daño económico, sino también un obstáculo significativo para la estabilidad macroeconómica de Argentina. Coremberg destacó que, si ese dinero hubiera estado disponible, el país podría haber evitado medidas de ajuste que afectaron a sectores vulnerables, como los jubilados y los empleados estatales. Además, sugirió que, con una reinversión adecuada, el monto podría haberse duplicado, alcanzando cerca de u$s 70.000 millones.
“De haber contado con estos fondos, no solo se habría evitado el ajuste fiscal, sino que el dólar hoy estaría a $10 y no a $1000”, afirmó el economista, enfatizando la magnitud del daño causado por la corrupción.
El papel de las auditorías en el control del gasto público
Coremberg también criticó la falta de control efectivo por parte de los organismos de auditoría en Argentina, señalando que están frecuentemente influenciados por intereses políticos. Ejemplificó esta situación mencionando al actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Martín Olmos, quien es militante kirchnerista.
“La clave para evitar futuras pérdidas de esta magnitud es garantizar que las auditorías sean independientes y transparentes. Sin esto, cualquier esfuerzo por controlar la eficiencia del gasto público será insuficiente”, sentenció.
Otro punto que abordó Coremberg fue el impacto de la corrupción en el sector energético. Según su análisis, las irregularidades en la gestión de subsidios y contratos energéticos representaron un costo adicional de u$s 2.000 millones. Este déficit no solo agudizó la crisis económica, sino que también expuso la necesidad de una reestructuración profunda en la administración de los recursos del país.