La Cámara de Diputados ha dado un paso crucial hacia la declaración de la educación como un Servicio Estratégico Esencial en Argentina. Con 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones, el proyecto busca asegurar los 180 días de clases anuales en las escuelas públicas del país, incluso en casos de paro docente.
El proyecto, respaldado por bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR, y otros aliados del oficialismo, se propone como una herramienta para garantizar que los estudiantes no pierdan días de clases a causa de huelgas. Con este objetivo, se ha estipulado un sistema de guardias mínimas educativas que asegurarían un 30% de presencialidad del personal docente y no docente durante los paros.
Posiciones a favor y en contra del proyecto
El debate sobre este proyecto ha generado diversas opiniones. Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación y principal impulsor de la ley, defiende la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho de los niños a recibir una educación continua. Según Finocchiaro, la ley proporcionará un marco para revertir lo que él denomina como la «tragedia educativa» en Argentina. «Los padres necesitan que sus hijos puedan asistir a clases, incluso en tiempos de conflicto», afirmó.
Por otro lado, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda han mostrado su rechazo a la iniciativa, argumentando que podría afectar el derecho a huelga de los docentes. La diputada Blanca Osuna expresó que el proyecto busca regular el derecho a la protesta, lo que, según ella, es motivo de vergüenza. En su intervención, Osuna subrayó que el verdadero problema radica en la situación de hambre y nutrición que afecta a los estudiantes en diversas partes del país.
Detalles claves del proyecto
El proyecto legislativo establece que, en caso de declararse un paro, el 30% del personal escolar deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga, para garantizar la continuidad educativa. Si la huelga se extiende más allá de dos días, el porcentaje de personal que debe estar presente aumentaría al 50%. Esto asegura que, aunque no se impide la realización de protestas, se imponen reglas estrictas para su desarrollo.
Además, uno de los artículos del proyecto exige que, a principios de cada año, los directores de las escuelas informen a las autoridades sobre la nómina del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de estas medidas en caso de paro.
El documento recoge aportes de varias propuestas similares y fue aprobado en la Comisión de Educación antes de llegar al recinto. Aunque cuenta con un amplio consenso entre los diputados de PRO, UCR, CC, LLA, y otros, enfrenta la oposición de Unión por la Patria y sectores de izquierda, que consideran que el proyecto pone en riesgo el derecho a huelga, esencial para la lucha por mejoras laborales.
El presidente de la comisión de Educación, Finocchiaro, destacó que este proyecto beneficia a toda la sociedad, poniendo a los estudiantes en el centro del debate educativo. «Es fundamental que la escuela esté abierta incluso en situaciones de conflicto, garantizando no solo la educación sino también otros derechos como el derecho alimentario«, señaló.
En contraste, la diputada Vanina Biasi del Frente de Izquierda defendió la necesidad de mantener el derecho a la protesta como una herramienta fundamental para los docentes. «Quienes buscan prohibir las huelgas son los verdaderos responsables de la crisis en la calidad educativa en Argentina», afirmó.
