El reciente rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgaba $100.000 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ha sacudido al gobierno de Javier Milei. Este rechazo, liderado por la oposición, representa un acontecimiento sin precedentes, siendo la primera vez que el Congreso argentino deroga un DNU desde la sanción de la ley que regula estos decretos en 2006.
La derogación del DNU contó con el apoyo mayoritario de la oposición. En total, 49 votos de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR) y tres senadores del PRO fueron suficientes para anular el decreto que otorgaba una millonaria suma a la SIDE. La bancada oficialista, por su parte, solo consiguió 11 votos a favor, mientras que dos senadores se abstuvieron de votar.
Este rechazo se suma a una serie de reveses para el gobierno de Milei. Horas antes, el Senado había aprobado la Ley de Financiamiento Universitario, otra derrota para el oficialismo, lo que marca una semana políticamente tensa para el Ejecutivo.
Un hecho inédito en la historia legislativa
La anulación de este DNU marca un precedente histórico, ya que es la primera vez que el Congreso rechaza un decreto de este tipo. El DNU en cuestión, emitido el 23 de julio, fue promulgado por el gobierno de Milei tras la decisión de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restaurar la vieja SIDE. La medida asignaba $100.000 millones en fondos reservados a la nueva secretaría, que quedó bajo el liderazgo de Sergio Neiffert, figura cercana al asesor presidencial Santiago Caputo.
El oficialismo, al darse cuenta de la posibilidad de un rechazo en el Senado, intentó evitar la votación mediante una sesión especial secreta, propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, la falta de apoyo por parte de la UCR dejó en minoría al gobierno, permitiendo que el DNU fuera sometido a votación y, finalmente, anulado.
La Ley de Financiamiento Universitario: otro revés para el gobierno
Además del rechazo al DNU de la SIDE, el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que incrementa significativamente el presupuesto destinado a las universidades públicas y contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes. Esta ley tendrá un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que representa el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La ley establece que, a partir del 1 de enero de 2024, el Poder Ejecutivo deberá actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales cada dos meses, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
El gobierno ya ha manifestado su intención de vetar la ley, tal como lo hizo en el pasado con el aumento de las jubilaciones. De proceder con el veto, el oficialismo se arriesgaría a enfrentar nuevas movilizaciones sociales, como las que ya tuvieron lugar a principios de año.
Boleta Única de Papel: la única victoria del gobierno
En medio de estas derrotas, el gobierno logró una pequeña victoria con la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales. Esta propuesta, que ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados, fue aprobada en el Senado con 39 votos a favor y 30 en contra. La implementación de este sistema electoral comenzaría en las elecciones legislativas del próximo año.
La aprobación de la BUP se dio en un contexto de fragmentación política en el Congreso. El gobierno debió ceder a cambios propuestos por senadores de partidos provinciales para garantizar el apoyo necesario, como la inclusión de un casillero en blanco que permite votar por una lista completa.
El próximo desafío para el oficialismo será la presentación del Presupuesto 2025 ante la Cámara de Diputados, una batalla que promete ser dura ante un Congreso profundamente dividido y con una oposición fortalecida.
