El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se ha visto obligado a restituir la cobertura al 100% de medicamentos esenciales para todos los jubilados de la provincia de Córdoba, tras un fallo judicial que otorga carácter cautelar a un amparo colectivo presentado por abogados y organizaciones de defensa de la tercera edad.
Esta medida surge en medio de un contexto crítico, donde el costo de los medicamentos representa hasta el 58% del haber previsional mínimo, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad. Con una jubilación mínima de $296.000 en abril de 2024, y un gasto promedio de $260.000 en fármacos, la situación se tornó insostenible para muchos adultos mayores.
Durante 2024, el PAMI eliminó un programa clave que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales a sus afiliados. Esta decisión se formalizó mediante la Resolución 2431/24, que introdujo nuevos requisitos restrictivos para acceder al beneficio del 100% de cobertura. Entre los condicionantes, se incluía no superar ingresos netos equivalentes a 1,5 haberes mínimos, no poseer más de una propiedad y no tener vehículos con menos de quince años de antigüedad.
Organizaciones civiles y abogados calificaron esta resolución como una vulneración del derecho constitucional a la salud, protegido por tratados internacionales a los que Argentina adhiere. El argumento central fue que estas condiciones excluían a un gran número de jubilados, obligándolos a enfrentar altos costos de medicamentos sin respaldo estatal.
Fallo judicial a favor de los jubilados cordobeses
La respuesta de la justicia llegó tras un reclamo presentado en la provincia de Córdoba, aunque fue el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza quien resolvió la cuestión. El fallo ordena a PAMI restablecer de forma inmediata la cobertura del 100% en medicamentos esenciales a todos los jubilados cordobeses, sin aplicar los requisitos establecidos en la Resolución 2431/24, hasta tanto se resuelva de manera definitiva el recurso de amparo.
Según el abogado Carlos Vicente, uno de los impulsores de la medida, esta cautelar tiene una implicancia social enorme, ya que afecta directamente la posibilidad de que los adultos mayores accedan a tratamientos médicos indispensables para su salud y calidad de vida.
Las consecuencias del recorte en la cobertura fueron inmediatas y alarmantes. Según testimonios presentados en la demanda, muchas personas mayores comenzaron a interrumpir sus tratamientos, reducir dosis o incluso partir las pastillas para extender su duración. Esta dramática situación se agravó por el estancamiento del bono complementario para jubilados, congelado en $70.000 desde marzo de 2024, y la falta de actualización de haberes.
Mabel Edith Sessa, otra de las abogadas firmantes del amparo, fue contundente al declarar que “estas prácticas se asemejan a un genocidio social”, destacando el abandono del Estado hacia una población altamente vulnerable.
PAMI: entre la sustentabilidad del sistema y el derecho a la salud
Desde el organismo, la eliminación del programa de cobertura total se justificó con el argumento de “garantizar la sustentabilidad del sistema”. Sin embargo, el fallo judicial consideró que los nuevos requisitos “no resultan razonables” frente a la posibilidad concreta de interrupción en tratamientos médicos esenciales.
Además, durante 2024, PAMI retiró de su listado con cobertura plena más de 40 principios activos, aumentando la carga económica para los jubilados. Esta decisión se dio en un contexto de inflación desbordada: según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los medicamentos para adultos mayores registraron un aumento del 237,1% acumulado desde noviembre de 2023, y aquellos cubiertos por PAMI incrementaron su precio en un 394,2% en el mismo período.
Mientras el Congreso Nacional no logró quórum para debatir un posible aumento de las jubilaciones, la actualización del bono ni la prórroga de la moratoria jubilatoria, la justicia fue la única institución que respondió al reclamo ciudadano. Este fallo marca un precedente significativo, pero también deja en evidencia la falta de políticas públicas activas que garanticen una vejez digna.