Cierres y Despidos en las Delegaciones Provinciales de Enacom
El Gobierno nacional ha decidido cerrar las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), generando una estimación de alrededor de 500 despidos adicionales dentro del plan de recortes impulsado por la administración del presidente Javier Milei.
Este cierre, previsto para el próximo 1 de abril, plantea una serie de interrogantes sobre el futuro de la regulación de las telecomunicaciones en Argentina. Con una transición de 60 días, se busca reasignar las responsabilidades de control actualmente ejecutadas por estas delegaciones provinciales.
Despidos y Ajustes Administrativos
La medida incluye la garantía de una dotación mínima de trabajadores para facilitar el cierre de las delegaciones y llevar a cabo un inventario patrimonial exhaustivo. Asimismo, se ha dispuesto la difusión de los canales de comunicación alternativos para la atención de denuncias y trámites administrativos, en sustitución de la atención presencial.
Con el recorte inicial de unos 400 empleados y la proyección de alcanzar los 500 despidos al concluir el proceso de cierre, se plantea un escenario de incertidumbre para los trabajadores del sector y un reto para la Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, así como para las áreas de administración y recursos humanos.
El Rol de Enacom y su Evolución
Enacom, como organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete, fue establecido en 2015 con el propósito de regular las telecomunicaciones en Argentina. Sin embargo, este movimiento hacia el cierre de sus delegaciones provinciales refleja una reconfiguración en el enfoque gubernamental respecto a la regulación y control del sector.
Además de estos cambios, el Gobierno está preparando un decreto que limitará la intervención estatal en los precios de servicios como Internet, cable y telefonía móvil, lo que sugiere una nueva dinámica en la relación entre el Estado y las empresas de telecomunicaciones.
El cierre de las delegaciones provinciales de Enacom representa un hito significativo en el panorama de las telecomunicaciones en Argentina. Más allá de los despidos y ajustes administrativos, este movimiento plantea preguntas sobre el futuro de la regulación del sector y la relación entre el Estado y las empresas proveedoras de servicios.
