Acuerdo entre la UBA y el Gobierno
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decide poner fin a la emergencia presupuestaria tras negociaciones exitosas con el Gobierno Nacional.
El Consejo Superior de la UBA ha anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria que había sido declarada el mes pasado, tras lograr un acuerdo con las autoridades gubernamentales. Este acuerdo se materializa en un refuerzo presupuestario aprobado por el Gobierno Nacional, destinado al funcionamiento operativo exclusivo de la institución.
Se trata de $26.016.488.265 que el Gobierno les transferirá con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros $35.436.785.336,00 para sostener los niveles de atención de la salud, sin perjudicar el resto de las funciones que llevan adelante.
Emergencia presupuestaria y medidas tomadas
A pesar de este avance, la preocupación persiste en cuanto a la recomposición salarial, la investigación y la infraestructura. Las autoridades de la UBA enfatizan la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral y urgente.
La UBA había declarado la emergencia presupuestaria hace poco más de un mes, adoptando medidas restrictivas como la limitación de servicios básicos en los espacios comunes, en respuesta a la decisión del Gobierno de prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al 2024.
Ricardo Gelpi hace unas semanas habia declarado que si el presupuesto no se acomodaba tanto la UBA como otras Universidades Nacionales corrían el riesgo de tener que cerrar sus puertas: “Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar”.
Incremento presupuestario
Con el refuerzo asignado por el Gobierno, el presupuesto para gastos de funcionamiento se ha incrementado significativamente, aunque las autoridades reconocen que aún se encuentra por debajo del óptimo necesario para el pleno funcionamiento de la Universidad.
En vista de estos avances, el Consejo Superior ha resuelto suspender oficialmente la emergencia presupuestaria en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires.
Preocupaciones salariales y llamado a la acción
Además de la suspensión de la emergencia presupuestaria, el Consejo Superior expresa su “estado de alerta” y profunda preocupación en materia de recomposición salarial. Insta a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidades Nacionales para garantizar un salario justo a los trabajadores docentes y no docentes, así como para actualizar las partidas pendientes y discontinuadas, especialmente en áreas críticas como Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y Programas de infraestructura universitaria.
Aún hay 60 Universidades Nacionales en Emergencia Presupuestaria
A un mes del momento más crítico en el conflicto por el presupuesto educativo entre el Gobierno y las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que había llegado a un acuerdo por los fondos y, en consecuencia, levantó el estado de emergencia que prevalecía en la institución. Sin embargo, la disputa aún persiste: las universidades nacionales del resto del país reclaman que todavía no han logrado ningún acuerdo con las autoridades y exigen que se les transfiera el mismo monto de dinero que se acordó para la UBA.
El conflicto presupuestario en la educación superior
El problema del presupuesto en la educación superior en Argentina no es nuevo. Sin embargo, ha alcanzado un punto crítico recientemente, cuando las universidades comenzaron a alzar sus voces en demanda de una distribución justa y equitativa de los fondos públicos.
Las autoridades de las universidades nacionales fuera de Buenos Aires han expresado su descontento con la situación actual. Argumentan que, aunque la UBA merezca una financiación adecuada debido a su tamaño e importancia, otras instituciones también necesitan recursos suficientes para operar eficientemente y ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes. La equidad en la distribución de los fondos es esencial para asegurar que todas las universidades puedan cumplir con sus obligaciones académicas y administrativas.
Discriminación federal en la asignación de fondos
El término “discriminación federal” ha sido utilizado por los directivos de estas instituciones para describir lo que consideran una distribución injusta de los recursos. Ellos argumentan que cada universidad, independientemente de su ubicación geográfica, enfrenta desafíos únicos que requieren una financiación adecuada. La percepción de que la UBA recibe un trato preferencial ha generado un sentimiento de injusticia y una fuerte demanda de revisión en los criterios de asignación presupuestaria.
