El Gobierno nacional decidió liberar las matrículas y cuotas de los colegios privados sin aportes estatales, lo que marca un cambio histórico en la regulación del sistema educativo argentino. A partir del nuevo decreto, estas instituciones podrán fijar libremente los valores de sus aranceles, sin requerir autorización previa del Estado. La medida, que busca otorgar mayor flexibilidad a las escuelas privadas, también genera preocupación entre las familias por los posibles aumentos de precios.

El decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, deroga el histórico DNU 2417/1993, que obligaba a los colegios privados a informar y solicitar aprobación antes de modificar sus matrículas y cuotas. Desde ahora, las instituciones sin subvención estatal (unas 6 de cada 100 escuelas del país) podrán establecer sus tarifas sin restricciones.

En cambio, los colegios con aportes del Estado seguirán bajo el régimen del Decreto 2542/1991, que permite al Gobierno fijar topes máximos a las cuotas, garantizando un control parcial sobre el sistema educativo privado.

Los argumentos del Gobierno

Según los fundamentos oficiales, el control previo de las cuotas “dificultaba la adaptación de las instituciones educativas a las condiciones económicas cambiantes”. Desde el Ejecutivo aseguran que el sistema anterior generaba “efectos contraproducentes”, ya que muchos colegios anticipaban aumentos mayores por temor a que las futuras autorizaciones no compensaran la inflación.

El Gobierno considera que la nueva normativa “restituye el derecho de propiedad y la libertad contractual” de los colegios privados, permitiéndoles fijar sus propios precios y salarios, y responder con mayor agilidad al contexto económico.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano afirmaron que esta medida “promueve la competencia y la transparencia en el sector educativo privado”, y que el mercado será el encargado de autorregular los valores según la calidad del servicio ofrecido.

Preocupación entre los padres por los posibles aumentos

La liberación de las cuotas escolares generó inquietud entre las familias, que temen una suba abrupta de los aranceles para el ciclo lectivo 2026. Hasta ahora, los colegios debían justificar cada aumento ante la autoridad competente. Con el nuevo esquema, los valores podrán modificarse sin aviso previo ni control estatal.

“Nos preocupa que cada escuela cobre lo que quiera sin límites claros”, expresaron desde una agrupación de padres del AMBA. También advierten que esta medida podría profundizar la brecha educativa entre quienes pueden acceder a colegios de elite y quienes deben migrar a instituciones con apoyo estatal.

Del lado de las instituciones educativas, la medida fue bien recibida. Desde la Asociación de Colegios Privados de la Argentina (ADEEPRA) aseguraron que se trata de una “decisión esperada y necesaria”, que permitirá ajustar los valores de matrícula y cuota según los costos reales de funcionamiento.

En los últimos años, los colegios privados denunciaron atrasos en las autorizaciones de aumentos y una creciente presión inflacionaria sobre salarios, mantenimiento e infraestructura. Con la liberación de las tarifas, podrán revisar su estructura de costos de manera independiente y competir en calidad y servicios.

Sin embargo, los expertos advierten que la competencia puede no ser suficiente para moderar los precios. “En zonas donde hay poca oferta educativa, las familias no tienen poder de negociación”, explicó el economista especializado en educación, Martín González. “La libertad de precios puede derivar en aumentos fuertes y en la exclusión de sectores medios.”

Qué deben tener en cuenta las familias

Ante el nuevo escenario, los especialistas recomiendan que los padres analicen cuidadosamente los contratos de inscripción antes de firmar. Entre los puntos clave, destacan:

• Leer la letra chica: confirmar si el contrato detalla cómo se calculan los aumentos.
• Consultar por servicios incluidos: comedor, transporte, actividades extracurriculares o tecnología pueden implicar costos adicionales.
• Solicitar información por escrito sobre las fechas y condiciones de pago.
• Comparar propuestas educativas y no solo precios, ya que la calidad y los beneficios pueden variar considerablemente entre instituciones.

“Este cambio obliga a las familias a ser más activas y exigentes”, señaló una especialista en consumo educativo. “El colegio ahora se comporta como cualquier empresa: puede fijar precios, pero debe ofrecer transparencia y calidad.”

La liberación de las cuotas de los colegios privados podría tener efectos mixtos en el sistema educativo. Por un lado, otorga más libertad a las instituciones para administrar sus finanzas y mejorar su oferta. Por otro, podría generar un aumento desigual de los aranceles y una segmentación aún mayor entre escuelas.

Según analistas del sector, la medida beneficiará a las instituciones con mayor demanda, que podrán incrementar sus cuotas sin riesgo de perder alumnos. En cambio, los colegios más pequeños o con menor prestigio podrían verse forzados a mantener precios competitivos para no perder matrícula.

Además, algunos expertos advierten que esta liberalización puede incrementar la migración de estudiantes al sistema público, si los aumentos superan la capacidad de pago de las familias.