En una nueva medida orientada al fortalecimiento de la seguridad interior, el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Patricia Bullrich, oficializó la creación de un Consejo Académico para la Formación de Agentes Encubiertos. La iniciativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 829/2025, tiene como objetivo revisar y actualizar los contenidos de los programas de capacitación dirigidos a quienes desempeñan funciones bajo identidad reservada en el combate contra el crimen organizado.
Este cuerpo académico estará presidido por el juez federal y docente universitario Ricardo Ángel Basílico, y contará con la participación de funcionarios del ministerio, representantes de las fuerzas federales y cinco expertos externos, que serán designados por un período de tres años. Según establece la resolución, el consejo deberá reunirse al menos una vez por mes y sus decisiones serán adoptadas por mayoría simple. En caso de empate, el voto del presidente tendrá carácter decisivo.
Entre sus funciones, el consejo tendrá la responsabilidad de proponer mejoras en los contenidos formativos, evaluar estrategias pedagógicas, promover programas de actualización y supervisar la implementación de capacitaciones para miembros de las fuerzas de seguridad, fiscales y jueces. Además, podrá sugerir protocolos y estándares para garantizar que las tareas de infiltración se realicen con criterios legales, éticos y operativos sólidos.
La medida no implicará gastos adicionales para el Estado, ya que los miembros del consejo cumplirán sus funciones de manera ad honorem. No obstante, se contempla la posibilidad de designar un enlace ejecutivo con dedicación exclusiva, cuya tarea será facilitar la articulación entre el consejo y la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, creada por el Gobierno en abril pasado.
El surgimiento de este nuevo organismo se inscribe en una estrategia más amplia del Ejecutivo para mejorar las capacidades operativas del Estado frente a delitos complejos como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y el crimen organizado transnacional. Según fuentes oficiales, se busca brindar a los agentes herramientas que les permitan actuar con mayor eficacia, pero también con resguardo legal, en investigaciones de alto riesgo.
Con esta decisión, la gestión de Javier Milei refuerza su apuesta por un enfoque más profesional y tecnificado en materia de seguridad, a tono con una agenda que pone especial énfasis en el uso de la inteligencia criminal y la cooperación entre organismos del Estado. La participación de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en este consejo apunta, además, a generar mayor consenso y legitimidad en las prácticas que implican intervenciones encubiertas. La creación del consejo académico marca un nuevo paso en la institucionalización de los consejos de agentes especializados, dentro de un esquema que intenta modernizar el rol del Estado frente a amenazas criminales cada vez más sofisticadas
