El bloqueo de celulares en cárceles federales fue oficialmente autorizado por el Gobierno mediante una nueva normativa que apunta a desarticular delitos organizados desde el interior de los penales. A través de tecnología avanzada, se busca detectar, identificar y anular comunicaciones móviles sin afectar a las zonas cercanas, marcando un cambio clave en la política de seguridad penitenciaria en Argentina.
El Ministerio de Seguridad oficializó la implementación de un sistema de control tecnológico mediante la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial. A partir de esta normativa, fue autorizada la instalación de dispositivos destinados a detectar teléfonos móviles activos dentro de las prisiones y bloquear sus comunicaciones de forma selectiva.
La medida fue diseñada para ser aplicada en unidades del Servicio Penitenciario Federal, donde históricamente se ha detectado el uso ilegal de celulares por parte de internos para la coordinación de delitos externos.
Se estableció que el objetivo principal será neutralizar la capacidad operativa de organizaciones criminales que continúan actuando desde el encierro, utilizando la tecnología como herramienta central para ese fin.
Por qué se implementa el bloqueo de celulares en cárceles
La decisión fue fundamentada en múltiples antecedentes de delitos organizados desde establecimientos penitenciarios. Entre los casos más recurrentes, fueron señaladas estafas telefónicas, muchas de ellas ejecutadas mediante engaños simples pero efectivos, como pedidos de códigos de verificación o transferencias.
Este tipo de maniobras ha evidenciado que, incluso estando privados de su libertad, algunos internos mantienen capacidad de acción gracias al acceso ilegal a dispositivos móviles. Por este motivo, fue considerada prioritaria la implementación de herramientas que permitan interrumpir estas comunicaciones de manera eficaz y precisa.
La resolución remarca la necesidad de impedir que estructuras delictivas continúen operando desde el interior de las cárceles, lo que representa un desafío constante para el sistema de seguridad.
Cómo funciona la tecnología de bloqueo de celulares en cárceles
A diferencia de los sistemas tradicionales de inhibición de señal, que bloquean toda comunicación en un área determinada, la nueva tecnología implementada permite identificar cada dispositivo móvil de manera individual.
Esto se logra mediante la detección de códigos únicos como IMEI e IMSI, lo que posibilita:
- Localizar teléfonos activos dentro del penal
- Bloquearlos de forma selectiva
- Evitar interferencias fuera del perímetro carcelario
Este avance representa una mejora significativa, ya que los inhibidores convencionales solían generar inconvenientes en barrios cercanos, afectando la conectividad de los ciudadanos. En cambio, el nuevo sistema fue diseñado para actuar exclusivamente dentro de los límites de cada establecimiento.
Manual técnico para el bloqueo de celulares en cárceles
Como parte de la normativa, fue aprobado el Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI, documento que establece los parámetros técnicos y operativos para la implementación del sistema.
En este manual se definieron aspectos clave como:
- Protocolos de detección de dispositivos móviles
- Criterios para la anulación de comunicaciones
- Medidas de seguridad para evitar errores o bloqueos indebidos
Se dispuso que cada equipo identificado dentro de los penales será evaluado y posteriormente bloqueado siguiendo estos lineamientos, garantizando así un control riguroso del proceso.
La medida se encuentra alineada con la Ley 24.660, normativa vigente que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad en Argentina. En esta ley se establece de forma explícita que los internos no tienen permitido el uso de teléfonos celulares personales.
Si bien el sistema penitenciario garantiza el derecho a la comunicación con el exterior, este contacto debe realizarse a través de canales controlados y autorizados. Por lo tanto, el uso de dispositivos móviles no solo es ilegal dentro de las cárceles, sino que también representa un riesgo para la seguridad pública.
La implementación del bloqueo de celulares en cárceles fue pensada como una herramienta estratégica para reducir delitos que afectan directamente a la población, especialmente aquellos vinculados a estafas, extorsiones y amenazas.
Al impedir la comunicación directa de los internos con el exterior mediante dispositivos no autorizados, se espera:
- Disminuir la cantidad de delitos organizados desde prisión
- Reducir las estafas telefónicas
- Fortalecer el control penitenciario
Desde el Gobierno se considera que esta medida permitirá recuperar el control sobre las comunicaciones dentro de los penales, cerrando una de las principales brechas de seguridad.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se expresó públicamente sobre la medida a través de redes sociales, donde afirmó que “en las manos de un preso, un celular es un arma”.
Esta declaración refleja la postura oficial respecto al uso de dispositivos móviles dentro de las cárceles, donde se los considera una herramienta clave para la comisión de delitos.
Cabe señalar que el funcionario se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, aunque esta situación no ha modificado el avance de la política de seguridad impulsada.
Implementación y desafíos del sistema
La compra, instalación y mantenimiento de los equipos tecnológicos estarán a cargo de las áreas técnicas del Ministerio de Seguridad. Este proceso requerirá una inversión sostenida y un seguimiento constante para asegurar su correcto funcionamiento.
Entre los principales desafíos se encuentran:
- Garantizar que el bloqueo no afecte a zonas externas
- Actualizar permanentemente la tecnología
- Capacitar al personal penitenciario
Además, será necesario monitorear el impacto real de la medida para evaluar su efectividad en la reducción del delito.
