El escándalo por coimas que salpica a funcionarios y empresarios sumó en las últimas horas un nuevo giro. El jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, fue procesado por encubrimiento, desobediencia y entorpecimiento judicial, acusado de haber interferido en un allanamiento clave dentro de la investigación.
Según la resolución judicial, en Nordelta funcionaba un “protocolo no escrito” que tenía como objetivo dificultar el accionar de las fuerzas de seguridad. El procedimiento consistía en demorar ingresos, eliminar el factor sorpresa y, de ese modo, facilitar maniobras de encubrimiento.
El juez determinó que De Vicentis habría avisado a Jonathan Kovalivker, empresario señalado en la causa, sobre la llegada de la policía al exclusivo barrio privado.
Durante su declaración indagatoria, De Vicentis aseguró que se encontraba “de vacaciones” y que actuó movido por un “celo profesional”. Sin embargo, para la Justicia ese argumento no fue suficiente.
Las sospechas se fortalecieron luego de que el operativo derivara en el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo, tanto en propiedades como en vehículos vinculados a los empresarios investigados.
Los hallazgos en los allanamientos
En uno de los procedimientos, se encontró una caja fuerte abierta con dólares sueltos y bandas elásticas, imágenes que fueron incorporadas al expediente judicial.
Además, se incautaron USD 266.000 en sobres y aproximadamente 7 millones de pesos en efectivo dentro de un automóvil relacionado con Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan. Estos elementos fueron considerados pruebas contundentes en la investigación.
La defensa de los Kovalivker presentó un pedido de “nulidad absoluta” de la causa. Argumentó que se trata de una “caza de brujas” con fines políticos y que las pruebas habrían sido obtenidas de manera irregular.
También se sostuvo que los hechos ya habían sido analizados en un proceso anterior que fue archivado, por lo que plantearon que corresponde aplicar la figura de “cosa juzgada”.
Un caso que pone a Nordelta en la mira
El procesamiento de Ariel de Vicentis no solo abre un frente judicial contra él, sino que también pone bajo la lupa al sistema de seguridad de Nordelta. La sospecha de un protocolo destinado a entorpecer allanamientos genera fuertes cuestionamientos sobre el rol de estas urbanizaciones privadas frente a investigaciones judiciales de alto impacto.
