Eliminan el Certificado de Antecedentes Penales como trámite en los Registros del Automotor
El Gobierno ha revocado una Resolución del 2019 que permitía gestionar el trámite del Certificado de Antecedentes Penales en los Registros del Automotor.
El Gobierno ha derogado la Resolución 72/2019 que permitía tramitar el Certificado de Antecedentes Penales en los Registros del Automotor, una medida implementada durante la gestión de Alberto Fernández.
La nueva Resolución, la 141/2024, publicada recientemente en el Boletín Oficial, justifica esta eliminación debido a los avances tecnológicos del Registro Nacional de Reincidencia. Ahora, los ciudadanos argentinos pueden solicitar, abonar y gestionar sus Certificados de Antecedentes Penales de forma totalmente digital, sin necesidad de acudir presencialmente a ninguna sede descentralizada o Unidades de Expedición y Recepción (UER).
Instrucciones a los Registros del Automotor
El Ministerio de Justicia ha instruido al Registro de Reincidencia y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor para que procedan a la desinstalación de las Unidades de Expedición y Recepción (UER) instaladas conforme a la Resolución 72/2019 del 18 de enero de 2019.
El Certificado de Antecedentes Penales es un documento electrónico emitido por el Registro Nacional de Reincidencia que certifica la existencia o ausencia de antecedentes o procesos penales pendientes del solicitante. Es imprescindible para una variedad de actividades laborales y comerciales, como la obtención de un nuevo empleo o la solicitud de la licencia de conducir profesional.
Esta medida se suma a otras decisiones tomadas por el Gobierno en relación con la actividad registral, como la eliminación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) para vehículos usados por parte de la AFIP la semana pasada. Los encargados de los Registros del Automotor han expresado en repetidas ocasiones su descontento por la inclusión de tareas que no les corresponden, ya que además de sus funciones principales, siguen siendo agentes de recaudación de impuestos provinciales o tasas municipales, y realizan tareas de control delegadas por la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Las medidas de simplificación implementadas por el Ministerio de Justicia reflejan el verdadero papel de los registradores, según aseguran en el sector.
Con Información de Noticias Argentinas
