El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a encenderse, no por las pruebas médicas o testimonios claves, sino por un hecho que impactó de lleno en el ámbito judicial argentino. La jueza Julieta Makintach fue apartada del proceso judicial luego de que se confirmara su vínculo con una filmación no autorizada sobre el desarrollo del juicio, hecho que desató una oleada de recusaciones por parte de todas las partes involucradas.
Durante una audiencia llevada a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, se reveló la existencia de un documental titulado “Justicia Divina”, el cual había sido grabado en secreto y contenía material del juicio por la muerte del exfutbolista. En este documental, no solo se incluían imágenes del proceso judicial, sino también intervenciones de la propia jueza Makintach, lo cual ponía seriamente en duda su imparcialidad y su rol como autoridad judicial.
Aunque Julieta Makintach negó en un principio su implicación directa en el proyecto audiovisual, finalmente aceptó su apartamiento del juicio, presionada por las recusaciones y por las pruebas contundentes exhibidas en la audiencia. Uno de los elementos más comprometedores fue la proyección de un tráiler de un minuto del documental, donde se podía observar a la magistrada hablando frente a cámara.
Durante su descargo, la jueza expresó: «Lamento que no me crean. Yo no conocía este material, nunca vi este guion. No me pertenece», intentando desligarse del contenido y aclarando que solo había ofrecido una “entrevista a una amiga de la infancia”. Sin embargo, las pruebas audiovisuales desmentían su versión.
Un juicio que se convierte en escándalo mediático
El fiscal Patricio Ferrari fue tajante en su acusación, asegurando que la magistrada “ofició de actriz y no de jueza”, al participar en un esquema totalmente guionado que tenía como objetivo no solo retratar el juicio, sino también realzar su figura pública.
«Esto fue un reality, una sobreactuación permanente», sentenció el fiscal, quien también detalló que se habían filmado espacios del tribunal como la escalera y el ascensor, y se involucraron personajes conocidos como Fernando Burlando y Rodolfo Baqué, abogados de algunas de las partes.
De acuerdo con la documentación secuestrada en la productora involucrada, el documental “Justicia Divina” estaba dividido en seis capítulos de media hora, con el propósito de resumir las audiencias del juicio en bloques temáticos. Además, el material incluía archivos personales de la jueza, reconstrucciones de los últimos días de Maradona y otros segmentos centrados en su figura pública y jurídica.
La intención de la producción era ambiciosa: traducir el documental a varios idiomas y distribuirlo internacionalmente, algo que, de haberse concretado, habría transformado un proceso judicial serio en un espectáculo global.
Las consecuencias institucionales: un juicio en pausa
Luego de la decisión de Makintach de aceptar su recusación, el juicio entró en un cuarto intermedio de dos horas para evaluar cómo continuará el proceso sin una de sus integrantes más visibles. La credibilidad del tribunal quedó afectada, y ahora será necesario reorganizar la estructura del debate judicial para asegurar su continuidad sin compromisos éticos ni legales.
El escándalo pone en evidencia una profunda crisis de confianza en el sistema judicial argentino. Si una jueza puede participar en una producción que retrata un juicio aún en curso, ¿dónde queda la imparcialidad? ¿Cómo puede garantizarse un proceso justo para todas las partes involucradas? Estas son preguntas que ahora deben responder no solo los jueces y fiscales, sino también la opinión pública.
El fiscal Ferrari dejó en claro su indignación con una frase contundente: «¿Quién va a pensar que un juez va a mentir? ¿Y cómo vamos a pensar que va a fallar justamente?»
Lo que debía ser un proceso serio para determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Maradona, terminó momentáneamente opacado por un acto que muchos catalogan como irresponsable y narcisista. El apartamiento de Julieta Makintach es un paso necesario para restaurar la confianza en el proceso judicial, pero también plantea la necesidad urgente de reforzar los controles éticos dentro del Poder Judicial.
