El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) avanzó con la adjudicación del 90% de las acciones de la compañía al grupo empresario que presentó la oferta económica más alta durante la licitación. La operación fue valuada en US$340,2 millones y quedó formalizada mediante una resolución del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.
La decisión representa un paso clave en el traspaso de la empresa, responsable de la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense. La firma del contrato de compraventa fue fijada para el viernes 13 de noviembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en el procedimiento.
El consorcio adjudicatario está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. Su propuesta se impuso frente a la presentada por el grupo encabezado por Roggio, que había ofrecido US$285 millones por el mismo paquete accionario.
Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar hacia la transferencia del control de AySA al sector privado, en un proceso que también incluye nuevas condiciones para la concesión, compromisos de inversión y modificaciones previstas en el esquema tarifario.
La adjudicación fue oficializada a través de la Resolución 1818 del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. Mediante esa disposición, se aprobó lo actuado durante la segunda etapa de la licitación y se asignó la operación al consorcio que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito.
Además, se instruyó a la Tesorería General de la Nación para que se notifique al grupo ganador la cuenta en la que deberá realizarse la transferencia correspondiente al monto ofertado por el 90% del capital accionario.
El contrato de compraventa quedó programado para el 13 de noviembre de 2026, fecha establecida en el pliego de bases y condiciones. La resolución y los resultados del procedimiento fueron difundidos a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía, AySA, CONTRAT.AR y el sistema DGMARKET del Banco Mundial. Asimismo, la decisión fue comunicada a los consorcios que participaron de la licitación.
El paquete accionario adjudicado está integrado por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, que representan el 90% del capital social y de los votos de la empresa. Cada acción tiene un valor nominal de $1.000.
El proceso había ingresado en una etapa decisiva el 8 de octubre, cuando fueron abiertas las ofertas económicas de los dos consorcios que habían superado la instancia de precalificación. En esa oportunidad, la propuesta de Rowing, por US$340,2 millones, superó a la del grupo Roggio, que había ofertado US$285 millones.
Aunque el Gobierno esperaba obtener alrededor de US$500 millones por la operación, la licitación pública nacional e internacional se desarrolló sin un precio base obligatorio. De esta manera, el resultado económico quedó determinado por las ofertas presentadas y las condiciones previstas en el procedimiento.
Entre los integrantes del grupo ganador se encuentra Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, compañía proveedora de policloruro de aluminio utilizado en los procesos de potabilización del agua. Además, Filiberti es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, la distribuidora eléctrica que opera en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Qué cambia con la privatización de AySA y qué pasará con el servicio
La salida del Estado de la gestión de AySA fue contemplada en la Ley Bases, sancionada en julio de 2024. A partir de ese marco normativo, el Ministerio de Economía, mediante la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, diseñó el procedimiento para avanzar con la venta de las acciones estatales, equivalentes al 90% del capital social.
La operación busca modificar el esquema de gestión de una compañía estratégica para el funcionamiento de la infraestructura sanitaria del AMBA. Sin embargo, la adjudicación no implica que los cambios en la prestación del servicio se produzcan de manera automática: el traspaso deberá completarse conforme a los plazos y las condiciones establecidos para la compraventa y la concesión.
En ese contexto, uno de los principales aspectos que deberán seguir los usuarios será el cumplimiento de los compromisos de inversión, mantenimiento y expansión de las redes de agua potable y cloacas.
El nuevo contrato de concesión contempla un programa de acción para el período 2027-2031, con inversiones destinadas a renovar instalaciones, ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia operativa. Los objetivos fijados deberán ser atendidos por el concesionario bajo las condiciones previstas en el esquema contractual.
La privatización de AySA no solo supone un cambio en la composición accionaria: también abre una nueva etapa para la gestión de la infraestructura sanitaria, las inversiones y la evolución de las tarifas.
AySA: qué pasará con las tarifas de agua y cloacas
La adjudicación de la empresa se produce mientras se analizan modificaciones en el esquema tarifario de los servicios de agua potable y desagües cloacales. Para el 26 de octubre, desde las 10, fue convocada una audiencia pública en la que se tratarán cambios relacionados con los coeficientes zonales utilizados para calcular las facturas.
La convocatoria fue formalizada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Este tipo de instancias constituye un paso obligatorio dentro del procedimiento, aunque sus conclusiones no son vinculantes para la decisión final sobre los cuadros tarifarios.
La propuesta contempla una modificación en la clasificación territorial utilizada para determinar los valores que pagan los usuarios. En particular, las once categorías zonales actuales serían reducidas a cinco, con el objetivo de reorganizar el esquema de facturación.
Entre los cambios propuestos se incluye un recargo del 10% sobre el precio del metro cúbico del servicio de cloacas en el Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, vinculado con la prestación de desagües pluviales.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la modificación de los coeficientes zonales podría generar aumentos para más de la mitad de los usuarios alcanzados por el sistema. El impacto dependerá de la ubicación de cada inmueble y de la aplicación del nuevo esquema tarifario.
Por ese motivo, la audiencia pública tendrá especial relevancia para los hogares y comercios que reciben los servicios de AySA. Allí se analizarán los cambios propuestos antes de que se definan las condiciones definitivas de facturación.
La evolución de las tarifas será uno de los principales puntos de atención durante la transición hacia la gestión privada, debido a su impacto directo en los gastos mensuales de los usuarios del AMBA.
El plan de obras de AySA para 2027-2031: cuánto se invertirá
Además de los cambios societarios y tarifarios, el nuevo contrato de concesión contempla un programa de acción por $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado durante el período 2027-2031.
Según lo informado por el Ministerio de Economía, el plan estará orientado a ampliar la cobertura de los servicios, renovar la infraestructura existente, mejorar la eficiencia operativa y sostener la calidad de las prestaciones.
La distribución prevista de los recursos contempla diferentes áreas de trabajo:
- Obras: aproximadamente $1,13 billones.
- Mantenimiento: cerca de $1,15 billones.
- Mejoras: $315.761 millones.
- Operación: $296.166 millones.
El programa busca responder a las necesidades de una red sanitaria que requiere inversiones permanentes para acompañar el crecimiento urbano, mejorar las instalaciones y ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento.
Los compromisos de inversión serán centrales para evaluar el desempeño del nuevo concesionario. La ejecución de las obras y el cumplimiento de los objetivos de cobertura deberán ser considerados dentro del seguimiento de las obligaciones contractuales.
En materia de expansión, para 2031 se proyecta alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Además, al finalizar el período inicial de la concesión deberán alcanzarse niveles mínimos del 90% para el servicio de agua y del 75% para el de desagües cloacales, según las metas previstas.