El Gobierno nacional ha anunciado un proyecto legislativo que promete generar intensos debates en la sociedad. El paquete de leyes, que será enviado al Congreso en las próximas sesiones ordinarias, busca derogar normativas clave relacionadas con la igualdad de género, la diversidad y los derechos de las minorías. Entre las principales propuestas destacan la eliminación de la figura del femicidio, la derogación de la Ley Micaela, el retiro del DNI no binario y la suspensión de los cupos laborales en el Estado para personas trans.
Desde la Casa Rosada, afirman que la iniciativa responde a la intención de eliminar todas las leyes que “contemplen discriminación positiva sobre minorías”. Según declaraciones oficiales, el Ejecutivo considera que el Estado no debe otorgar trato especial a ningún grupo, planteando que estas políticas generan divisiones en lugar de fomentar la igualdad.
La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, quien trabaja directamente bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo, lidera este proyecto. Fuentes internas aseguran que este paquete legislativo podría convertirse en uno de los pilares discursivos de la campaña electoral de 2025.
El fin de la figura de femicidio
Una de las propuestas más controvertidas es la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal. La Ley 26.791, sancionada en 2012, establece que un homicidio se agrava cuando es cometido por un hombre mediando violencia de género. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que “no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”, justificando que todos los crímenes deben ser tratados por igual sin importar el género de la víctima.
Otra normativa que se busca derogar es la Ley Micaela (27.499), aprobada en 2018, que obliga a capacitar en perspectiva de género y violencia contra las mujeres a quienes trabajan en los tres poderes del Estado. Desde el Gobierno sostienen que estas capacitaciones no son necesarias y que su obligatoriedad genera un gasto público que podría destinarse a otras prioridades.
Cupos laborales y paridad de género
El proyecto también apunta a derogar los cupos laborales que promueven la inclusión de personas trans en el ámbito estatal. La Ley 27.636 establece que al menos el 1% de los puestos en las estructuras estatales debe ser ocupado por personas travestis, transexuales o transgénero. Asimismo, se propone la eliminación de la Ley de Paridad de Género (27.412), que garantiza la participación igualitaria de hombres y mujeres en las listas electorales.
Desde la Casa Rosada consideran que estas normativas no solo resultan discriminatorias, sino que también afectan la competitividad y eficiencia del Estado.
Otro punto del paquete legislativo es la derogación del decreto 476/2021, que permitió la emisión de documentos nacionales de identidad con una tercera opción en el campo del sexo. Según las autoridades, esta medida sería innecesaria y generaría una “complejidad burocrática” que no favorece al funcionamiento estatal.
La propuesta incluye también la derogación de la Ley de Identidad de Género (26.743), la cual permite a las personas elegir su identidad de género en documentos oficiales y acceder a tratamientos médicos para la adecuación corporal. Este planteo ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que consideran que la medida constituye un retroceso en términos de igualdad y derechos individuales.
El paquete legislativo también abarca la revocación de la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que exige que al menos el 30% de los artistas en festivales y eventos musicales sean mujeres. Según las autoridades, esta norma atenta contra la libre competencia y dificulta la organización de eventos culturales.
Controversia y debate social
La iniciativa del Gobierno ha dividido opiniones en la sociedad. Por un lado, sectores conservadores celebran el enfoque de «igualdad sin privilegios», mientras que organizaciones feministas, colectivos LGBTQ+ y expertos en derechos humanos denuncian que estas medidas representan un retroceso en los avances logrados en las últimas décadas.
Con el envío de este paquete de leyes al Congreso, se espera un intenso debate tanto en el ámbito legislativo como en el público. ¿Está la sociedad argentina preparada para un cambio tan radical en sus políticas de inclusión y diversidad?
Este proyecto marcará un antes y un después en la historia legislativa del país, dejando abierta la pregunta sobre cuál será el costo político y social de estas decisiones.
