La conmemoración del 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado volvió a cobrar vigencia, luego de que la Justicia dejara sin efecto, de forma provisional, el decreto presidencial que intentaba eliminar este feriado. La decisión judicial fue tomada pocas horas después de la publicación oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/25, que había generado un amplio rechazo entre los gremios estatales.
El pasado miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado la eliminación del feriado correspondiente al Día del Trabajador del Estado, que se celebra todos los 27 de junio en Argentina. Este anuncio se formalizó a través del DNU 430/25, publicado en el Boletín Oficial, donde se eliminaba el asueto para los empleados públicos nacionales, argumentando motivos de eficiencia y continuidad en el servicio estatal.
Sin embargo, la medida generó una inmediata reacción por parte del gremio estatal ATE (Asociación Trabajadores del Estado), que presentó un recurso judicial solicitando la suspensión urgente del decreto por considerarlo inconstitucional y atentatorio contra los derechos laborales adquiridos.
Intervención judicial: el Juzgado del Trabajo falló a favor de ATE
La jueza Moria Fullana, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 3, fue quien resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por ATE, ordenando la suspensión temporal de los efectos del artículo 2° del decreto presidencial. La decisión fue tomada con carácter de urgencia, en atención al posible daño irreparable que la eliminación del feriado podría ocasionar a los trabajadores estatales.
«Se consideró indispensable una intervención inmediata», argumentó la magistrada, quien también resolvió diferir la imposición de costas y la regulación de honorarios hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Tras conocerse la resolución judicial, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, celebró públicamente el fallo. A través de sus redes sociales, el dirigente gremial compartió mensajes eufóricos y contundentes en contra del Gobierno nacional, incluyendo frases provocadoras como: “¡Qué bol! Al decreto que se lo metan por el cu**”**, manifestó sin filtros en la red social X (antes Twitter).
Más allá del tono festivo y polémico de sus palabras, Aguiar hizo hincapié en la ilegalidad del intento del Gobierno de eliminar un derecho consagrado por ley, afirmando que: “Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional”.
También señaló que esta medida respondía a una suerte de castigo por la actitud confrontativa del gremio hacia el Ejecutivo, y sostuvo que la decisión formaba parte de un intento sistemático por debilitar al Estado y sus trabajadores.
Un feriado establecido por ley
El Día del Trabajador del Estado fue establecido en 2013 a través de la Ley 26.876, sancionada por el Congreso Nacional. Esta normativa determinó que el 27 de junio se considere día de descanso para los empleados públicos de todo el país, en conmemoración de la fecha en la que Argentina suscribió el convenio 151 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que reconoce el derecho a la negociación colectiva en el ámbito estatal.
«Solo el Congreso puede derogar una ley que él mismo sancionó», subrayó Aguiar, recordando que un DNU no tiene potestad para eliminar un derecho legislado, salvo que el Congreso lo convalide posteriormente. Desde ATE, se acusa al Gobierno de Javier Milei de tomar decisiones autoritarias y actuar con desprecio hacia el orden institucional y los derechos laborales.
Repercusiones políticas y sindicales tras la suspensión del decreto
El fallo judicial provocó reacciones tanto en el ámbito sindical como político. Diversas organizaciones de trabajadores celebraron la decisión como una victoria en defensa del empleo público y los derechos adquiridos. Además, advirtieron que el intento de eliminar el feriado no solo representa un retroceso en materia de derechos, sino que también forma parte de una estrategia más amplia de desmantelamiento del Estado por parte del Gobierno libertario.
Desde sectores de la oposición política, también se cuestionó el uso del DNU para modificar una ley sin el aval del Congreso, lo que vuelve a abrir el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo en el uso de decretos de necesidad y urgencia.
