El gobierno de Javier Milei concretó la disolución o transformación de 21 organismos públicos nacionales, en el marco del decreto que puso fin a las facultades delegadas y buscó concentrar la estructura del Estado. Esta medida, presentada como parte del plan de reducción del gasto público y reorganización administrativa, implica la pérdida de autonomía de varias entidades y el traspaso de sus funciones a ministerios o nuevas agencias centralizadas.
El argumento oficial para llevar adelante esta profunda reforma fue el “incremento desproporcionado de estructuras y personal” que, según el Ejecutivo, se había acumulado en diversos entes estatales en los últimos años. A través del decreto, se estableció que muchas de estas entidades dejarían de operar como organismos descentralizados, pasando a estar bajo la órbita directa de secretarías o ministerios, perdiendo así su independencia administrativa y presupuestaria.
Entre los casos más relevantes se encuentra el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyas competencias pasaron a la Secretaría de Transporte y a Gendarmería Nacional, y el de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, también incorporada al área de transporte. La Dirección Nacional de Vialidad, que históricamente gestionó la obra pública vial del país, fue absorbida por el Ministerio de Economía y su rol se complementará con la creación de una Agencia de Control de Concesiones. Esta medida generó fuerte rechazo por parte del gremio del sector, que denunció que podrían peligrar más de 3.000 puestos de trabajo.
Otros entes especializados, como el Instituto Nacional del Cáncer, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), fueron reconvertidos en unidades organizativas internas de sus respectivas carteras ministeriales. Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que fue integrado al ANLIS–Malbrán, mientras que organismos sanitarios como el SAMIC o el Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares pasaron a depender del Ministerio de Salud.
La disolución también alcanzó áreas estratégicas de producción e investigación agrícola, como el INAFCI, el INASE y la Comisión Nacional de Semillas, todos absorbidos por la Secretaría de Agricultura. En el caso del AGICCAME, el organismo encargado del control del cáñamo y el cannabis medicinal, sus funciones fueron divididas entre el Ministerio de Economía y la ANMAT.
Una novedad destacada en esta reorganización es la creación de la Agencia Nacional de Empresas del Estado en Salud (ANES), que reunirá la administración de diversos hospitales nacionales —entre ellos, el Posadas, el Sommer, el Bonaparte, el INAREPS y el Carrillo— bajo una misma estructura operativa. Desde el oficialismo se presenta esta decisión como un paso hacia la eficiencia administrativa, aunque sectores opositores y gremios advierten sobre el riesgo de “vaciamiento” de capacidades estatales.
En materia de transporte, la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) fue sustituida por una nueva agencia que controlará los servicios concesionados, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte, que investigaba siniestros en todos los modos, quedó reducida a un rol exclusivamente aeronáutico bajo otra estructura.
El decreto también dispuso la eliminación de tres fondos fiduciarios: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fideicomiso Financiero del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. Estos se suman a los 26 ya eliminados previamente, totalizando 29 en lo que va del año. Para el gobierno, estos fondos representaban “bolsones de opacidad” en el gasto estatal, mientras que los opositores consideran que se trata de una herramienta clave para el desarrollo federal que está siendo desmantelada.
La reacción de las provincias no se hizo esperar. Gobernadores y legisladores expresaron preocupación por el vaciamiento de políticas públicas esenciales y advirtieron que podrían avanzar con proyectos que contrarresten la ofensiva del Ejecutivo, como leyes de moratoria previsional o aumentos a las jubilaciones, en un claro mensaje político frente a la pérdida de autonomía provincial en ciertas competencias compartidas.
Los sindicatos también alertan sobre el impacto que esta decisión puede tener sobre miles de trabajadores públicos. En sectores como vialidad o salud, se teme por despidos masivos o la precarización de tareas esenciales. Las asociaciones técnicas, por su parte, remarcan que la disolución de institutos especializados puede significar un retroceso en materia de ciencia, tecnología y planificación a largo plazo.
En síntesis, la disolución de estos 21 organismos públicos representa un fuerte golpe al andamiaje administrativo del Estado nacional. Mientras el oficialismo la presenta como una medida de racionalización, eficiencia y modernización, la oposición y diversos sectores sociales la ven como una avanzada que pone en riesgo el funcionamiento de áreas clave. El desenlace de esta reforma dependerá de su implementación concreta y del equilibrio político que el gobierno logre mantener en medio del ajuste estructural más profundo en décadas.
