La Justicia federal de Campana declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en julio de 2025. Con esta decisión, el juez Adrián González Charvay consideró que el decreto firmado por el presidente Javier Milei violaba derechos fundamentales de las personas con discapacidad, además de incumplir compromisos internacionales asumidos por Argentina.
El fallo se dictó a partir de un amparo presentado por una pareja de padres con dos hijos menores con discapacidad. Ellos denunciaron que, tras el veto, tratamientos médicos y servicios esenciales corrían riesgo de ser interrumpidos, lo que ponía en jaque la salud y la calidad de vida de los menores.
La Ley 27.793 había declarado la emergencia en materia de discapacidad hasta 2027, con el objetivo de garantizar prestaciones médicas, transporte y rehabilitación sin la creación de nuevos impuestos. La financiación debía realizarse mediante la reasignación de recursos existentes.
El presidente Milei la vetó a través del decreto 534/2025, bajo la premisa de que la norma atentaba contra el superávit fiscal. Según el mandatario, se trataba de un intento opositor de “asaltar las cuentas públicas”, lo que contradecía el rumbo económico de su administración.
El fallo: prioridad a los derechos humanos
En su resolución, el juez González Charvay destacó que “las limitaciones presupuestarias no pueden anteponerse a derechos esenciales” como la salud, la educación y la rehabilitación.
El magistrado sostuvo que el veto presidencial significaba un acto de discriminación hacia las personas con discapacidad y que, en el caso de los menores, existía una doble condición de vulnerabilidad: ser niños y tener discapacidad.
Por ello, se ordenó a la obra social de los demandantes adecuar de inmediato sus prestaciones según lo previsto en la ley, y se estableció que el Estado nacional debía asumir las costas del proceso.
Aunque la medida solo beneficia de manera directa al caso planteado, el fallo abre la puerta a nuevas presentaciones judiciales. Especialistas consideran que puede convertirse en un precedente clave frente a otros vetos presidenciales, limitando el margen de maniobra del Ejecutivo.
La decisión judicial también reinstala el debate sobre el equilibrio entre el ajuste fiscal y la protección de derechos sociales, un tema que divide a la sociedad argentina y que moviliza a organizaciones civiles en defensa de las personas con discapacidad.
Reacciones políticas y sociales
El fallo fue celebrado por legisladores de la oposición, que ya adelantaron la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para insistir en la sanción de la ley. Para ello, será necesario reunir una mayoría de dos tercios, un desafío difícil pero no imposible en el actual clima político.
En paralelo, familiares y organizaciones de personas con discapacidad organizaron movilizaciones y vigilias en Plaza de Mayo y frente al Congreso. Las consignas apuntaron directamente contra el Gobierno, exigiendo que se respete la ley aprobada por el Parlamento.
El diputado Daniel Arroyo, impulsor de la norma, afirmó: “El Estado no puede retirarse y dejar a su suerte a las personas con discapacidad. Esta es una deuda insalvable con los sectores más vulnerables”.
Lo que está en juego
El veto Emergencia en Discapacidad no solo enfrenta al Ejecutivo con la Justicia y el Congreso, sino que también expone un dilema central: ¿puede el ajuste fiscal justificar la reducción de derechos esenciales?
Entre los puntos destacados que surgen del caso:
- Restablecimiento de derechos: la Justicia colocó a la salud y la rehabilitación por encima de las metas fiscales.
- Control institucional: el fallo muestra que los vetos presidenciales pueden ser revisados y anulados si vulneran la Constitución.
- Movilización social: la respuesta ciudadana presiona para que el tema no quede limitado a los tribunales.
- Impacto político: el Gobierno enfrenta un nuevo frente de conflicto con la oposición en el Congreso.
