El Gobierno confirmó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de junio de 2025. La medida afecta a los usuarios de las empresas Edenor y Edesur, quienes verán reflejado en sus próximas facturas un incremento vinculado directamente a la inflación del mes de abril. Esta decisión se oficializó mediante las resoluciones 400 y 401/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas en el Boletín Oficial.
El aumento promedio es del 2,82% en las facturas finales de los usuarios. Esta suba se aplica como parte de la prórroga de la emergencia energética, extendida hasta el 9 de julio de 2026, lo que permite al Estado continuar con los ajustes tarifarios conforme a la evolución de los precios.
La fórmula utilizada por el ENRE para determinar este incremento toma en cuenta la variación de dos indicadores fundamentales:
- Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM): registró un alza del 2,83%.
- Índice de Precios al Consumidor (IPC): marcó un aumento del 2,78%.
Ambos valores corresponden al mes de abril de 2025 y son publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A partir de estas cifras, se calculó el ajuste en el Costo Propio de Distribución (CPD), resultando en el aumento actual.
Categorías de usuarios y aumentos diferenciados
El impacto del aumento tarifario no será igual para todos. El ENRE estableció cuadros tarifarios diferenciados según el tipo de usuario, lo que implica una segmentación que considera el nivel de ingresos y las condiciones socioeconómicas de los hogares:
- Nivel 1: Usuarios de altos ingresos.
- Nivel 2: Usuarios de bajos ingresos, quienes mantienen subsidios importantes.
- Nivel 3: Usuarios de ingresos medios, con subsidios parciales y escalonados.
Además, se implementaron tarifas específicas para:
- Usuarios sin acceso a gas natural o gas propano en zonas frías.
- Clubes de barrio y de pueblo.
- Entidades de bien público.
- Usuarios-generadores que inyectan energía a la red eléctrica.
Esta segmentación busca garantizar una mayor equidad en el impacto de los aumentos, protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables frente a la suba de precios.
Aumentos atados a la inflación: una tendencia que continúa
La política de ajustar las tarifas de servicios públicos en función de la inflación ha sido sostenida por el Gobierno durante los últimos meses. Con una inflación en desaceleración —1,8% en mayo, según estimaciones—, los aumentos en la tarifa eléctrica buscan mantener el equilibrio económico de las distribuidoras sin desfinanciar al sistema.
Esta modalidad también permite prever futuras actualizaciones mensuales, aunque el ritmo dependerá de la evolución de los indicadores económicos y de la política tarifaria que defina el Ejecutivo a mediano plazo.
El ENRE fundamentó la actualización de tarifas en la necesidad de mantener operativa la infraestructura eléctrica y garantizar la calidad del servicio. En este sentido, el Costo Propio de Distribución (CPD) refleja los gastos de operación, mantenimiento e inversión de las distribuidoras, los cuales también sufren el impacto de la inflación.
Además, se enmarca dentro de la continuación del régimen de emergencia energética, vigente desde años anteriores, lo que habilita legalmente a las autoridades a realizar modificaciones tarifarias con mayor agilidad.
¿Cómo afecta este aumento a los hogares del AMBA?
Si bien el 2,82% puede parecer un aumento moderado, su impacto en los hogares dependerá del consumo mensual y del nivel de subsidio vigente. Los usuarios de Nivel 1, que ya han visto reducciones de subsidios en meses anteriores, serán los más afectados por la suba.
Para los hogares de ingresos bajos (Nivel 2), los incrementos serán menores debido a la preservación de subsidios, aunque la suma acumulada de aumentos mensuales podría convertirse en un factor de presión económica.
Otra de las novedades destacadas es la inclusión de tarifas diferenciadas para clubes de barrio y entidades de bien público, muchas de las cuales habían solicitado en reiteradas ocasiones una revisión del esquema tarifario. Estos espacios, fundamentales para el desarrollo comunitario, tendrán aumentos menores y tarifas adaptadas a su función social.
Con la extensión de la emergencia energética hasta mediados de 2026, es probable que los aumentos en las tarifas de luz continúen apareciendo en los próximos meses. Aunque el objetivo es reducir gradualmente los subsidios estatales, el proceso será progresivo y dependerá del comportamiento de la inflación y del contexto económico general.
El Gobierno ha reiterado su compromiso con una transición ordenada que mantenga el equilibrio fiscal sin desproteger a los sectores más frágiles.
