La Argentina y el Reino Unido comenzaron a debatir ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei busca frenar el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y solicitó medidas urgentes para impedir que avance la extracción de petróleo en una zona cuya soberanía continúa en disputa. Las audiencias se desarrollan en Hamburgo, Alemania, y se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre.
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el escenario internacional. Este martes 10 de noviembre, Argentina y Reino Unido se enfrentan ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por la explotación petrolera en el Atlántico Sur, en una instancia judicial considerada clave para el futuro del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.
Las audiencias fueron convocadas en Hamburgo, Alemania, donde las delegaciones de ambos países expondrán sus argumentos sobre el pedido presentado por el Gobierno argentino para impedir que las compañías involucradas avancen con la extracción de recursos naturales en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación argentina fue impulsada por la administración de Javier Milei, que busca obtener medidas provisionales para evitar el inicio o la continuidad de las actividades petroleras autorizadas por las autoridades británicas en el archipiélago.
El objetivo central es frenar la explotación de hidrocarburos mientras continúa el procedimiento arbitral internacional y se mantiene sin resolver la histórica controversia por la soberanía de las islas.
Las exposiciones se realizarán durante dos jornadas, el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre. El procedimiento es público y puede seguirse en directo a través del sitio oficial del Tribunal del Mar.
Malvinas: qué reclama Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El reclamo argentino fue presentado el 13 de octubre, en el marco de un procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre, conforme a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Ante la falta de constitución del tribunal arbitral que deberá analizar el conflicto de fondo, el Gobierno recurrió al mecanismo establecido en el artículo 290, inciso 5, de esa Convención. La normativa contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales cuando existe una controversia pendiente de arbitraje y se considera necesaria una intervención urgente.
En concreto, la Argentina solicitó que se impida el comienzo o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion. También pidió que no se otorguen nuevas autorizaciones petroleras en la zona y que se preserve la información obtenida durante las tareas de exploración.
Otro de los puntos incluidos en la presentación está relacionado con la protección del medio marino. Desde la posición argentina se sostiene que deben evitarse acciones que puedan provocar daños ambientales o agravar las diferencias existentes entre ambos países.
La preocupación del Gobierno está vinculada con la posibilidad de que los recursos hidrocarburíferos sean extraídos antes de que exista una resolución definitiva sobre la controversia.
Según el argumento argentino, una vez que el petróleo sea retirado del subsuelo marino, los derechos reclamados sobre esos recursos podrían verse afectados de manera irreversible.
Desde la Casa Rosada se sostiene que las actividades fueron autorizadas unilateralmente por el Reino Unido en un espacio marítimo sobre el cual la Argentina reivindica derechos soberanos.
Londres, por su parte, mantiene su postura respecto de la administración de las islas y defiende las facultades de sus autoridades para otorgar licencias y regular las actividades económicas desarrolladas en el territorio.
Proyecto Sea Lion: las petroleras que buscan extraer petróleo en Malvinas
El emprendimiento que concentra la disputa es Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, en la denominada Cuenca Malvinas Norte.
El desarrollo está a cargo de dos compañías internacionales: la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación y cumple el rol de operadora, y la británica Rockhopper Exploration, que cuenta con el 35% restante.
La iniciativa ya recibió la decisión final de inversión y contempla la instalación de infraestructura submarina para desarrollar la producción de petróleo. El esquema proyectado incluye pozos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos.
De acuerdo con los planes difundidos por Navitas Petroleum, la primera etapa contempla la perforación de 11 pozos, mientras que una segunda fase incorporaría otros 12.
La compañía estima que la producción petrolera podría comenzar en marzo de 2028 y proyecta una vida útil superior a los 30 años.
Las perforaciones iniciales podrían ser realizadas durante 2027, un calendario que fue considerado por el Gobierno argentino como uno de los principales motivos para solicitar una intervención urgente del organismo internacional.
La preocupación oficial está centrada en que el proyecto avance antes de que sea resuelta la controversia jurídica. Por ese motivo, se busca conseguir una decisión cautelar que permita preservar los derechos invocados por el país durante el desarrollo del arbitraje.
Quiénes representan a Argentina y Reino Unido en las audiencias de Hamburgo
La delegación argentina está integrada por funcionarios de distintas áreas del Gobierno nacional y especialistas en derecho internacional.
Entre los representantes institucionales se encuentra María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. También participa el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal.
El equipo se completa con Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania.
Además, fueron convocados especialistas internacionales con experiencia en controversias jurídicas y derecho del mar.
Entre ellos se encuentra Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar. Su trayectoria incluye la participación en la defensa argentina durante el conflicto por la Fragata Libertad, que fue retenida en Ghana en 2012.
También integran el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, especialista en solución de controversias internacionales.
El cronograma establece que este martes la Argentina realizará su primera exposición entre las 10 y las 13, hora de Hamburgo, mientras que la representación británica tendrá su turno entre las 15 y las 18.
El miércoles 11 se desarrollará una segunda ronda. La delegación argentina expondrá entre las 10.30 y las 12, mientras que el Reino Unido cerrará las presentaciones entre las 17.30 y las 19.
En horario argentino, las exposiciones de este martes están previstas entre las 6 y las 9 y entre las 11 y las 14. Las audiencias del miércoles podrán seguirse entre las 6.30 y las 8 y entre las 13.30 y las 15.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas
Uno de los aspectos centrales del procedimiento está relacionado con el alcance de las facultades del organismo internacional.
El Tribunal del Mar no deberá determinar quién tiene la soberanía sobre las Islas Malvinas ni resolver definitivamente la disputa territorial entre Argentina y Reino Unido. Su intervención estará limitada al análisis de las medidas provisionales solicitadas por el Gobierno argentino.
Los magistrados deberán evaluar si existen condiciones de urgencia que justifiquen una intervención cautelar, si el futuro tribunal arbitral tendría competencia inicial para abordar la controversia y si los derechos invocados por la Argentina necesitan protección mientras se desarrolla el proceso principal.
De esta manera, existen distintos escenarios posibles. El primero contempla que el organismo haga lugar a la totalidad del pedido argentino y ordene suspender las actividades vinculadas con Sea Lion.
Una segunda alternativa sería la aprobación parcial de las medidas, con algunas restricciones aceptadas y otras rechazadas.
Por último, el Tribunal podría desestimar el planteo si considera que no están dadas las condiciones necesarias para intervenir de manera provisional. En ese caso, el procedimiento arbitral continuaría su curso y la Argentina podría volver a solicitar medidas cautelares ante el tribunal correspondiente una vez que quede constituido.
Cualquiera sea la decisión, la resolución de esta instancia no representará un pronunciamiento definitivo sobre la soberanía de las islas ni sobre la totalidad de los derechos reclamados por ambos países.
La disputa por Malvinas también tiene una causa judicial en Tierra del Fuego
El reclamo internacional se desarrolla en paralelo a otro expediente que tramita en la Justicia argentina.
En septiembre, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas contra las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
A través de esa resolución, fue ordenado que las empresas se abstengan de iniciar o continuar las obras relacionadas con el proyecto Sea Lion, incluidas las perforaciones y las instalaciones necesarias para avanzar con la explotación petrolera.
El planteo judicial se fundamentó en la presunta ilegalidad de las actividades hidrocarburíferas, debido a la falta de autorización argentina, y en la necesidad de prevenir posibles consecuencias ambientales.
Posteriormente, la magistrada rechazó incorporar al Estado nacional como parte o tercero en ese expediente, aunque fue admitida la participación de la Provincia de Tierra del Fuego como tercero coadyuvante.
La medida cautelar dictada en septiembre continúa vigente y constituye otro frente judicial contra el avance del emprendimiento petrolero.
De esta manera, la controversia por los recursos naturales de Malvinas se desarrolla en distintos ámbitos institucionales, tanto dentro de la Argentina como en organismos internacionales.