Amparo Colectivo frente al Aumento del Subte
La jueza Elena Liberatori, en respuesta a un amparo colectivo promovido por legisladores del PTS-FIT, decidió frenar el aumento del subte que debía comenzar este viernes 17 de Abril.
En un fallo emitido este miércoles, la jueza Liberatori determinó que, como medida precautelar, los demandados deben abstenerse de modificar el monto de la tarifa del subte hasta que se resuelva la totalidad de la documentación requerida. El fallo destaca la falta de información relacionada con la participación ciudadana en la audiencia pública, específicamente las respuestas a los requerimientos planteados por los participantes.
Presentación del Amparo
El lunes 13 de mayo, Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT), junto a otros legisladores del mismo espacio, presentó un amparo para impedir el aumento del pasaje del subte. El documento, que considera el incremento como «ilegal y fraudulento», lleva las firmas de Bregman, los legisladores Alejandrina Barry y Patricio del Corro, y el metrodelegado Claudio Dellecarbonara.
El aumento tarifario, publicado en el Boletín Oficial, preveía un incremento del boleto de subte desde los actuales $125 hasta $574 en solo dos meses. Bregman señaló que este incremento es excesivo, especialmente para un servicio que ya tiene deficiencias notorias. «Una suba de más del 500% en dos meses es una provocación del jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, alineado con el presidente Javier Milei,» afirmó Bregman, argumentando que la ley establece que las tarifas deben basarse en el salario mínimo vital y móvil.
En los últimos diez años, la tarifa del subte ha aumentado más que el boleto de colectivo y tres veces más que el salario mínimo en términos porcentuales. Bregman destacó que mientras en septiembre de 2023 el salario mínimo permitía comprar 1,595 pasajes de subte, con el nuevo aumento solo alcanzaría para 383 pasajes.
Fallo de la Jueza Liberatori
La jueza Liberatori aclaró en su fallo que no se cuestiona la relación de consumo entre los usuarios del subte y EMOVA, la empresa concesionaria del servicio, sino la actuación del Estado local en la Resolución 5/SBASE/24. Esta resolución se emitió en el marco de las funciones del Estado en el control y ejecución del contrato de concesión del servicio de transporte subterráneo.
El fallo enfatiza que la acción de amparo se centra en la legalidad de la resolución, el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales previos, como la realización de audiencias públicas con información accesible, oportuna y veraz.
Iniciativas Adicionales para Frenar el Aumento
Además del amparo presentado por los legisladores del FIT, dos ONG también presentaron recursos legales para detener el incremento tarifario. Las organizaciones «Observatorio del Derecho de la Ciudad» y «La Ciudad somos quienes la habitamos» argumentaron que la nueva tarifa es injusta e irrazonable y no promueve el uso generalizado del subte debido a su alto costo económico.
Las ONG señalaron que la resolución que aprobó el nuevo cuadro tarifario viola el artículo 24 de la Ley 4472 y no cumple con la promoción del uso del subte. También indicaron que esta resolución infringe el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 42 de la Constitución Nacional, que obligan a proteger el patrimonio y el interés económico de los usuarios de servicios públicos.
Protección del Interés Económico de los Usuarios
El planteo de las ONG subraya la necesidad de proteger el interés económico de los usuarios, afirmando que el nuevo cuadro tarifario vulnera derechos fundamentales al imponer un costo excesivo que no es accesible para la mayoría de los ciudadanos. Esta acción se tramita en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Expediente 55678/2024-0.
La decisión de la jueza Liberatori representa un paso significativo en la defensa de los derechos de los usuarios del subte y pone en cuestión la transparencia y justificación de los aumentos tarifarios propuestos por el gobierno local. La resolución final dependerá de la evaluación completa de la documentación y de las audiencias públicas pertinentes.
