El reciente caso en el que un grupo de estudiantes entonó cánticos antisemitas durante un viaje de egresados encendió las alarmas en la sociedad argentina. Las imágenes, difundidas a través de redes sociales, mostraron no solo a los alumnos involucrados, sino también a un coordinador que parecía alentar la situación.
El hecho generó repudio inmediato y llevó al Gobierno nacional a solicitar una investigación sobre la empresa organizadora, bajo la sospecha de incumplimiento de normas vinculadas al trato digno y no discriminación.
La respuesta del Gobierno
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, notificó a la empresa Baxtter, encargada de organizar el viaje. La imputación se apoya en la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), que establece la obligación de los proveedores de garantizar condiciones de respeto hacia los usuarios.
El organismo oficial argumentó que promover o permitir situaciones que expongan a los consumidores a prácticas vejatorias, humillantes o discriminatorias constituye una infracción grave.
La compañía tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo. En caso de confirmarse la responsabilidad, podría recibir una multa millonaria que llegaría hasta 2.100 millones de pesos.
El caso se analiza desde distintos ángulos jurídicos. Por un lado, la Ley de Defensa del Consumidor protege a quienes contratan servicios turísticos, exigiendo que se respete su dignidad. Por otro, el Código Civil y Comercial refuerza este deber al incorporar tratados internacionales de derechos humanos que sancionan cualquier forma de discriminación.
Los especialistas advierten que, más allá de las sanciones económicas, la investigación podría derivar en medidas complementarias, como capacitaciones obligatorias en diversidad y derechos humanos para el personal de la empresa.
La reacción de la escuela y la comunidad judía
La institución educativa involucrada, la escuela ORT, emitió un comunicado oficial. Allí aclaró que los cánticos difundidos no representan los valores de la institución, fundada en principios de inclusión, respeto y convivencia democrática.
En paralelo, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) expresó su repudio. Su presidente advirtió que este tipo de episodios no deben minimizarse, ya que reflejan un preocupante nivel de naturalización del antisemitismo entre los jóvenes. La entidad también ofreció trabajar junto a la escuela para implementar talleres de formación en memoria y diversidad.
El Gobierno busca que la sanción no se limite a un castigo económico, sino que se convierta en una señal ejemplificadora. En este sentido, funcionarios remarcaron la importancia de transmitir a las empresas del sector turístico que no se permitirá la repetición de prácticas que puedan ser leídas como un aval a discursos de odio.
La investigación, además, abre el debate sobre el rol de los coordinadores y empresas organizadoras, que tienen la obligación de proteger a los estudiantes y garantizar que los viajes se desarrollen en un clima seguro y de respeto.
Un debate que trasciende lo inmediato
El episodio reaviva una discusión de fondo: ¿cómo prevenir que expresiones discriminatorias se instalen en ámbitos recreativos y educativos? Organismos de derechos humanos remarcan que, si bien la sanción económica es importante, también se necesitan políticas educativas sostenidas que trabajen sobre la memoria y la empatía.
En este contexto, la intervención estatal busca no solo sancionar lo ocurrido, sino también instalar un mensaje claro: los cánticos antisemitas y toda forma de discriminación no tendrán cabida en la sociedad argentina.
